PRESENTACION DERECHO PROCESAL ELECTRONICO EN ENTRE RIOS. GUIA TEORICO PRACTICA UCA SEDE PARANA

  

El miércoles 28 de octubre de 2026 viví una tarde muy especial en el Aula Magna de la UCA, sede Paraná, donde presenté mi libro *Derecho Procesal Electrónico en Entre Ríos. Guía teórico-práctica*.

Fue un encuentro lleno de afecto y emoción. Pude compartir el contenido de la obra y recordar las experiencias, los desafíos y las personas que acompañaron el largo recorrido de investigación y práctica profesional del que nació este libro.

Agradezco a la UCA por recibirnos, a la Psic. Paula Mesa y al Dr. Gastón Rosenberg, a Abogar Editorial por hacer posible la publicación y a las Dras. Valentina Ramirez Amable y Ana Clara Pauletti por escribir el prólogo. Gracias también a los colegas, amigos, familiares y estudiantes que me acompañaron en el Aula Magna y a través de Zoom.

Me alegró compartir con ustedes lo que significó llegar hasta acá. Un camino así se construye en equipo.

 

PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS. EL SISTEMA NO NECESITA DORMIR

Pensemos en un plazo que vence hoy. Si la Mesa Virtual impidiera el ingreso de escritos electrónicos después de las 19:00 horas, ese límite horario pasaría a definir, en los hechos, hasta cuándo puede ejercerse válidamente el derecho de defensa por la vía ordinaria, recortando el tiempo disponible para presentar el escrito el día del vencimiento y reintroduciendo las barreras físicas del soporte papel en un entorno digital.

Según el art. 2 del Reglamento de Presentaciones Electrónicas N° 1 establece con acierto que las presentaciones electrónicas podrán ser ingresadas cualquier día y hora. Se tienen por efectuadas en el instante que registra la constancia automática del sistema. A su vez, prevé una distinción fundamental: si el ingreso ocurre en tiempo inhábil, el plazo para su proveimiento recién comienza a correr a partir del día y hora hábil siguiente (con la lógica excepción de los amparos y trámites urgentes con habilitación). Esta regla, aplicada durante seis años sin inconvenientes operativos, logra un equilibrio preciso. En efecto, por un lado, garantiza el derecho al descanso y a la desconexión del personal judicial. Y, por el otro,  no cercena el tiempo disponible de los justiciables y profesionales para actuar.

Cualquier restricción horaria en la recepción electrónica significa una medida claramente regresiva en términos de tutela judicial efectiva, incide directamente en el ejercicio del derecho de defensa y condiciona la actividad profesional. Resulta indispensable responder dos interrogantes básicos. En primer lugar, ¿qué problema concreto o disfunción real resolvería el bloqueo del sistema? Y, en segundo término, ¿qué razón jurídica justifica reducir el tiempo efectivo del que disponen las partes para ejercer sus derechos en juicio?

ESTRATEGIA PROBATORIA EN LA ERA DE LA INTELIGENICA ARTIFICIAL

 

El pasado viernes participé como expositora en el seminario "Prueba electrónica e IA aplicada al litigio", organizado por la Sección Concordia y el Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en el marco de las actividades preparatorias del XIV Congreso Provincial de Derecho.

Al comenzar mi intervención, no pude evitar recordar que el anterior Congreso Provincial de Derecho, cuya coordinación tuve a mi cargo en 2022, se desarrolló bajo el lema «Desafíos del derecho en la era digital» y concluyó, precisamente el 22 de octubre de aquel año, con una conferencia de Miguel Jara sobre prueba electrónica.

Cuatro años después, iniciamos el camino hacia un nuevo Congreso retomando esa temática, ahora atravesada por los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

Una continuidad que considero significativa y que refleja la necesidad de seguir profundizando la formación de la abogacía frente a las transformaciones tecnológicas del proceso judicial.

Mi exposición, «Estrategia probatoria en la era de la IA. Conocer el terreno antes de litigar», estuvo centrada en el papel de la abogacía en la construcción de la prueba electrónica: desde la identificación y preservación de las fuentes hasta su incorporación al proceso, producción, impugnación y valoración.

Abordamos también el doble impacto de la inteligencia artificial en materia probatoria: como un nuevo desafío para la autenticidad de las evidencias y como herramienta que amplía las posibilidades de investigación y análisis.

La tecnología transforma el escenario probatorio, pero no reemplaza la estrategia procesal, el deber de verificación ni la responsabilidad profesional.

La jornada permitió integrar la perspectiva jurídica con los aspectos técnicos de la evidencia digital, abordados por los colegas Silvia Aranguren y Federico Losco.

Una excelente convocatoria, un público interesado y una muy buena organización hicieron de este encuentro un valioso espacio de formación e intercambio.

Mi agradecimiento a la Sección Concordia, especialmente a su presidenta, Dra. Graciela Chiappa, al Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial y a todos quienes hicieron posible esta actividad.

DERECHO PROCESAL ELECTRÓNICO EN ENTRE RIOS, UNA OBRA NACIDA DE LA PRÁCTICA Y LA INVESTIGACIÓN

La transformación digital de la justicia entrerriana ha modificado profundamente las condiciones en que se desarrolla la actividad procesal. Lo que comenzó con la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas dio lugar a un sistema que exige nuevas respuestas jurídicas y una revisión de las prácticas profesionales tradicionales.

En ese contexto se inscribe mi nuevo libro, Derecho Procesal Electrónico en Entre Ríos. Guía teórico práctica, publicado por Abogar Editorial. Un recorrido de investigación y experiencia

Esta publicación no constituye el inicio de una línea de trabajo, sino la sistematización de un recorrido desarrollado durante años.

En 2019 dirigí un libro dedicado específicamente a las notificaciones electrónicas. Posteriormente, continué profundizando el estudio de distintos aspectos del proceso judicial electrónico mediante artículos en revistas jurídicas, actividades de formación, conferencias y participación en espacios institucionales vinculados con su implementación en Entre Ríos.

La experiencia permitió advertir que cada innovación tecnológica plantea problemas que exceden su funcionamiento operativo y requieren respuestas desde el derecho procesal.

La obra aborda cuestiones centrales para la litigación electrónica: vinculación al proceso, notificaciones y presentaciones electrónicas, cómputo de plazos, plazo de gracia, firma digital, audiencias y subastas electrónicas.

También examina desarrollos que reflejan una nueva etapa de la transformación judicial, como la interoperabilidad y la automatización de actos procesales.

El propósito no es ofrecer únicamente una descripción normativa o tecnológica, sino combinar el análisis dogmático con herramientas para la práctica profesional.

Detrás de cada operación realizada en un sistema judicial existen actos, cargas, derechos y consecuencias procesales que deben ser comprendidos jurídicamente.

El proceso judicial electrónico no constituye un modelo terminado. Su evolución plantea nuevos interrogantes sobre eficiencia, seguridad jurídica, garantías procesales y responsabilidad.

La incorporación de tecnología puede contribuir a mejorar el servicio de justicia, pero su legitimidad no deriva de la innovación en sí misma, sino de su capacidad para fortalecer el acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva.

Esa es la perspectiva que atraviesa esta obra.

Como señalo en su introducción, la digitalización judicial solo es legítima en la medida en que potencia, y no restringe, el acceso a la justicia.

Derecho Procesal Electrónico en Entre Ríos es, en definitiva, el resultado de un largo camino de estudio, experiencia profesional y construcción colectiva, pero también una invitación a reflexionar sobre los desafíos que todavía tenemos por delante.

La obra será presentada próximamente. La fecha y el lugar se comunicarán oportunamente.

 

UN PROMPT EN LA SENTENCIA

A raíz de un episodio ocurrido en la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile nuevamente se puso en discusión los límites del uso de inteligencia artificial generativa en la actividad jurisdiccional.

Según informaciones periodísticas, una resolución judicial incorporó por error instrucciones dirigidas a una herramienta de IA. Entre ellas: “Eres un Juez de la Corte de Apelaciones que debe redactar la parte considerativa de la sentencia”. El tribunal dispuso posteriormente la rectificación del documento y la eliminación del contenido ajeno a la causa. 

Sabido es que el uso de inteligencia artificial no está prohibido y que puede contribuir a mejorar la gestión, sistematizar información y asistir en determinadas tareas de redacción. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre utilizar tecnología como apoyo y delegar en ella la construcción de los fundamentos de una sentencia. En consecuencia, es esencial saber cómo se utilizó la inteligencia artificial, para qué y qué control se llevó a cabo. 

La incorporación accidental de instrucciones a una resolución también pone de manifiesto la necesidad de establecer protocolos institucionales, mecanismos de revisión y pautas de transparencia que permitan preservar la integridad de las actuaciones judiciales.

La inteligencia artificial puede asistir al juez, pero no sustituir su juicio crítico ni su deber de fundamentar. La responsabilidad por la decisión sigue siendo humana, personal e indelegable. La motivación de las resoluciones judiciales constituye una garantía del debido proceso y una condición indispensable para el control de la decisión. Exige una valoración concreta de los hechos, las pruebas y el derecho aplicable, atribuible al órgano jurisdiccional competente.

En consecuencia, el mayor desafío radica en que la intervención humana no se limite a validar, sin suficiente control, una argumentación producida por una máquina.

Fuentes:

https://www.t13.cl/amp/noticia/nacional/eres-juez-corte-apelaciones-revelan-prompt-usado-juez-pidio-ia-redactar-fallo-7-10-2026 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/10/07/corte-rectifica-fallo-tras-polemica-por-uso-de-ia-y-elimina-instrucciones-que-quedaron-en-expediente.shtml 

EL TIEMPO EN EL PROCESO ELECTRÓNICO

 

 

En el presente comentario analizo el pronunciamiento dictado en fecha 18/09/2026, por la Cámara Segunda de Apelaciones, Sala III, de Paraná, en los autos caratulados “A.M.H c/ Banco Supervielle S.A. s/ Ordinario daños y perjuicios” (N° 12838).

La controversia se originó a partir de la presentación extemporánea de la expresión de agravios. La parte recurrente sostuvo que el archivo había sido modificado por última vez a las 9:00:28 horas y que, al accionar el botón “Presentar”, el sistema permaneció procesando durante algunos segundos, de modo que la presentación quedó registrada a las 9:01, una vez vencido el plazo de gracia. Como fundamento de su planteo, invocó posibles contingencias técnicas vinculadas con la velocidad de conexión, la latencia del servidor o eventuales desfasajes de sincronización horaria. Sin embargo, la Cámara consideró extemporánea la presentación y declaró desierto el recurso de apelación.

Gracias a la digitalización, hoy es posible efectuar presentaciones judiciales electrónicas durante las veinticuatro horas del día. Es cierto que esta posibilidad modifica muchos de los presupuestos sobre los que históricamente se construyó el denominado plazo de gracia.

Pero también es cierto que, en Entre Ríos, el plazo de gracia continúa expresamente previsto por el ordenamiento procesal vigente. Así lo establece el art. 2 del Reglamento de Presentaciones Electrónicas N.° 1, al remitir al art. 121, último párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial (Ley 9776). Mientras esas disposiciones permanezcan vigentes, la eventual pérdida o debilitamiento de la justificación histórica del instituto no equivale a su derogación.

A partir de allí aparece una segunda cuestión, ¿cómo deben interpretarse las contingencias tecnológicas cuando una presentación se realiza en el límite temporal del vencimiento?

Los plazos procesales cumplen una función esencial. Aseguran orden, previsibilidad, preclusión y seguridad jurídica. Pero las formas procesales son, al mismo tiempo, instrumentos destinados a hacer efectivos los derechos y no fines en sí mismos. Entonces, cabe preguntarse si constituye un excesivo rigor formal rechazar un acto procesal por una diferencia mínima de tiempo cuando se invoca una contingencia tecnológica.

Como pauta interpretativa fundamental, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha procurado evitar que un rigorismo formal excesivo termine afectando el derecho de defensa y el debido proceso. En esa misma línea, los Reglamentos del Sistema de Notificaciones Electrónicas (art. 11) y de Presentaciones Electrónicas N° 1 (art. 19), receptan un criterio flexible para resolver los conflictos derivados de su aplicación, procurando evitar que el entorno digital se transforme en una nueva fuente de rigor ritual manifiesto.

Otra cuestión a tener  presente es que la digitalización también ha modificado profundamente la forma de litigar. La disponibilidad permanente de los sistemas electrónicos, la posibilidad de efectuar presentaciones desde cualquier lugar obligan a repensar también los estándares de diligencia exigibles a quienes intervienen en el proceso. 

La tecnología es una herramienta profundamente transformadora y su creciente incidencia en la práctica jurídica exige nuevas formas de diligencia profesional, cuyos estándares se encuentran todavía en proceso de construcción y redefinición. En consecuencia, tal vez el verdadero desafío no consista en optar entre flexibilidad o rigor, sino en readecuar los criterios interpretativos a las características propias del proceso electrónico.

Entiendo que debemos hacernos cargo de esta nueva realidad procesal y construir soluciones capaces de compatibilizar seguridad jurídica, preclusión y tutela judicial efectiva, sin desconocer al mismo tiempo la necesidad de adoptar recaudos que permitan minimizar los riesgos derivados de eventuales contingencias tecnológicas.

LA CSJN Y LOS LÍMITES DEL ESCRACHE VIRTUAL

El pasado 23 de septiembre la CSJN dictó sentencia en la causa n “C., F. c/ Facebook Argentina”. Ordenó   eliminar publicaciones anónimas que acusaban a un estudiante de abuso y exponían detalles de su vida sexual. También dispuso que Facebook informara los datos disponibles para identificar a los responsables.

La Corte reconoció que la violencia de género es un tema de interés público, Sub enbargo, aclaró que esa importancia no autoriza a difundir cualquier contenido ni a revelar automáticamente aspectos íntimos de una persona privada.

Este pronunciamiento puede compararse con “Denegri”, donde la Corte rechazó el pedido de desindexar información periodística verdadera y de interés público sobre hechos antiguos. Allí prevaleció la libertad de expresión. En “C., F.”, en cambio, prevalecieron la intimidad, el honor y el derecho de defensa frente a una acusación anónima sin datos verificables.

El anonimato puede proteger a víctimas y facilitar denuncias. Pero no puede convertirse en una forma de impunidad o de condena social sin posibilidad de defensa.

El desafío consiste en proteger simultáneamente la libertad de expresión, el derecho a denunciar la violencia y los derechos personalísimos de quienes son señalados. En Internet, la respuesta constitucional no puede depender solo del nombre que se le dé al discurso: debe analizarse su contenido concreto y el daño que produce.

Acceda al texto completo de la sentencia

 

PRIMER ENCUENTRO DE LEGALTECH ER

 

En el MiradorTec de Paraná, tuve el honor y el placer de moderar el panel inaugural de Legaltech Entre Ríos, integrado por Aim Ponde, Ernesto Cettour y Hernán Caravario.

El intercambio fue muy rico porque reunió miradas multidisciplinarias alrededor de problemas concretos sistematizar procesos, tales como qué automatizar, cómo integrar inteligencia artificial a la práctica profesional y qué lugar deben seguir ocupando el criterio jurídico y la supervisión humana. Fruto del cruce de ideas, se consolidó la idea de quela inteligencia artificial no es la respuesta para todo. Innovar no significa aplicar tecnología indiscriminadamente, sino entender el problema, evaluar riesgos, diseñar soluciones útiles y mantener una mirada crítica sobre aquello que incorporamos.

La convocatoria fue, además, una muy buena señal para un primer encuentro: alrededor de 35/40 personas participaron presencialmente y unas 30 lo hicieron de manera virtual.

Asimismo, surgió con fuerza la necesidad de continuidad, trabajo colaborativo y espacios de encuentro.Al cerrar, recordé que frente a una ola podemos quedarnos mirando, nadar en contra o aprender a movernos con ella. Con la tecnología pasa algo parecido. No se trata de aceptarla acríticamente ni de resistirla por principio, sino de comprenderla, participar en su desarrollo y utilizarla para construir mejores soluciones.

Esto recién empieza......

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LA GOBERNANZA DE LA IA EN EL MPF. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN PGN N° 64/26

 

El pasado 4 de septiembre de 2026, la Procuración General de la Nación dictó la Resolución PGN 64/26, mediante la cual aprobó los "Lineamientos institucionales para el uso e implementación de herramientas de Inteligencia Artificial en el Ministerio Público Fiscal de la Nación". Esta norma procura dar respuesta a la necesidad de establecer un encuadre ético, jurídico y técnico frente a la creciente incorporación de sistemas de inteligencia artificial (IA) en la actividad jurídica e institucional. Es de aplicación y seguimiento obligatorio para los integrantes del organismo.

Un aspecto particularmente relevante de la resolución es que no se limita a establecer reglas aisladas para el uso individual de herramientas de inteligencia artificial, sino que procura configurar un verdadero modelo institucional de gobernanza de la IA. En efecto, contempla distintas etapas de su ciclo de vida —desde la identificación de necesidades y la evaluación de riesgos hasta la implementación, el monitoreo, la trazabilidad y la auditoría—, desplazando el eje desde la mera utilización de herramientas hacia la construcción de un marco de responsabilidad institucional. Esta perspectiva resulta especialmente valiosa en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, donde la incorporación de sistemas automatizados no puede analizarse exclusivamente en términos de eficiencia, sino también desde su incidencia sobre la legalidad, el debido proceso y los derechos fundamentales.

Puestos a analizar sus fortalezas, destaco al menos tres:

a) Resulta valioso que la regulación adopte como presupuesto un riguroso relevamiento interno previo. En efecto, constató que el 93,3% del personal respalda una adopción regulada y que el 96% ya utiliza la IA como un mero insumo preliminar sujeto a revisión. La norma recoge esta práctica e institucionaliza el principio de supervisión humana significativa, estableciendo que los sistemas de IA pueden asistir en tareas de análisis o clasificación, pero no sustituir el juicio jurídico ni la interpretación normativa.  

b) Constituye, asiismo, un acierto la prohibición transitoria de volcar actuaciones reservadas, causas en trámite o datos personales y sensibles en herramientas de acceso público (como las versiones abiertas comerciales). Su clara finalidad es reducir los riesgos de exposición indebida de información institucional y de tratamiento de datos por proveedores externos mientras no se encuentre específicamente regulado su uso dentro del organismo.  

c) También merece destacarse la incorporación de un enfoque basado en riesgos, con cuatro categorías —inaceptable, alto, limitado y mínimo—, construido sobre estándares internacionales y articulado con las exigencias derivadas de la protección de datos personales. A ello se suman obligaciones de transparencia, explicabilidad, trazabilidad, documentación técnica y existencia de registros de actividad (logs), así como mecanismos de evaluación de impacto y auditoría. Este esquema constituye una garantía especialmente relevante cuando la utilización de IA pueda incidir sobre derechos fundamentales o garantías procesales.  

En cuanto a los desafíos de su implementación, podrían señalarse algunos interrogantes:

a) La pohibición inmediata de cargar datos procesales en sistemas de acceso público podría generar un dilema operativo hasta tanto se elaboren los entornos propios y seguros recomendados.  Podría producirse, un efecto no deseado, consistente en la merma de la eficiencia o en incentivar prácticas no declaradas de su utilización. 

b) Aunque los Lineamientos exigen supervisión humana significativa, documentación de la intervención, trazabilidad y auditoría, queda pendiente precisar cómo se evaluará cualitativamente que esa supervisión haya sido real, suficiente y oportuna. El riesgo consiste en que el control humano se transforme en una validación meramente formal de resultados generados por sistemas automatizados. La cuestión no es menor: la propia norma exige que el operador pueda verificar fuentes, rectificar o rechazar resultados y detener el uso de la herramienta. 

c) Finalmente, si bien el glosario recepta la noción de IA agéntica, las directrices operativas parecen haber sido pensadas sólo para asistentes conversacionales tradicionales, lo que exigirá una pronta actualización reglamentaria.

Como conclusión, la resolución en análisis constituye un punto de partida relevante no sólo para la incorporación responsable de inteligencia artificial en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, sino también para la construcción de un modelo institucional de gobernanza de estas tecnologías. Su principal aporte consiste, precisamente, en desplazar el eje de la discusión desde el mero uso de herramientas hacia la gestión de sus riesgos, responsabilidades y condiciones de implementación.

UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECNOACTIVISMO PROBATORIO DE PARTE COMPATIBLE CON EL DEBIDO PROCESO

 

Una satisfacción adicional de este III Congreso Iberoamericano de Derecho Probatorio fue recibir el libro que reúne los trabajos presentados. Se trata de una obra colectiva que cuenta con la dirección del Dr. Marcelo Midón, la Coordinación de la Dra. Valeria Di Bernardo.

En esa obra se encuentra publicada mi ponencia “Inteligencia artificial como herramienta de análisis probatorio. Una propuesta para la construcción del tecnoactivismo probatorio de parte compatible con el debido proceso”.

En ella propongo identificar y sistematizar una modalidad específica de actuación profesional: el tecnoactivismo probatorio de parte, entendido como el empleo responsable, crítico y jurídicamente orientado de las tecnologías en la investigación, análisis, producción y control de la prueba.

Muy agradecida por la posibilidad de que estas ideas formen parte de una obra colectiva dedicada al Derecho Probatorio contemporáneo.

 

III CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROBATORIO

 

Finalizó el III Congreso Iberoamericano de Derecho Probatorio, realizado en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes.

Tuve la oportunidad de presentar allí mi trabajo “Inteligencia artificial como herramienta de análisis probatorio. Una propuesta para la construcción del tecnoactivismo probatorio de parte compatible con el debido proceso”.

En el mismo compartí una línea de trabajo que vengo profundizando referida a la utilización de la inteligencia artificial no solo como objeto de prueba, sino como herramienta para investigar hechos, analizar información y construir estrategias probatorias- Ello, siempre dentro de los límites que imponen la contradicción, la igualdad de armas, la transparencia metodológica y la responsabilidad profesional.

Gracias a la Escuela Procesal del Nordeste dirigida por el Dr. Marcelo Midóny la Coordinación de la Dra. Valeria Di Bernardo, la  UNNE y a la Editorial Contexto, también  a todos los colegas que participaron. Ha sido una excelente experiencia.

 

LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL ES INDELEGABLE

 

En los talleres realizados durante los últimos tiempos, partimos de una premisa clara: la inteligencia artificial generativa —IAG— se ha incorporado de manera creciente al ejercicio profesional de la abogacía. Por eso, la discusión ya no puede reducirse a decidir si la utilizaremos o no, sino que debe centrarse en cómo hacerlo con responsabilidad y con sujeción a las normas éticas que exige nuestra profesión.

A partir de esa premisa, trabajamos sobre situaciones concretas:

• ¿Subiríamos un expediente con datos personales, información confidencial o datos sensibles a una plataforma en línea solo para comprimirlo?
• ¿Alcanza con borrar el nombre y el DNI para considerar anonimizado un caso?
• ¿Citaríamos un fallo proporcionado por una IA si su contenido parece jurídicamente correcto?
• ¿Qué significa realmente ejercer supervisión humana sobre un texto generado por IA?

Las respuestas remiten a deberes profesionales regulados por nuestros códigos y normas de ética, conocidos y aplicados desde antaño. Lo que ocurre es que ahora están proyectados sobre un nuevo entorno tecnológico: confidencialidad, veracidad, buena fe y diligencia.

La tecnología puede ayudarnos a redactar, resumir, comparar y organizar información, así como a detectar patrones o formular hipótesis de trabajo. Pero una respuesta plausible no necesariamente es verdadera. Una cita bien construida no necesariamente existe. Una transcripción aparentemente precisa puede no coincidir con el texto original. Y borrar nombres o números de documento no siempre alcanza para impedir la identificación de una persona.

En consecuencia, antes de utilizar una herramienta de IA en un asunto profesional, podría ser conveniente formularnos al menos cuatro preguntas:

• ¿Puedo cargarlo? Confidencialidad y seguridad.
• ¿Necesito cargar todo? Minimización y pertinencia.
• ¿Puedo confiar en el resultado? Verificación y contraste con fuentes confiables.
• ¿Estoy dispuesto a firmarlo como propio? Responsabilidad profesional.

La firma implica autoría y responsabilidad. Podemos delegar tareas instrumentales, pero no podemos delegar el criterio profesional, la diligencia ni la responsabilidad . La IA puede asistirnos; no puede reemplazar el juicio jurídico que sustenta nuestra intervención profesional.

BOOTCAMP INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA & EJERCICIO PROFESIONAL - CIJUSO

 

El  jueves 18 de agosto del cte. vivimos la jornada inaugural del Bootcamp Inteligencia Artificial Generativa y Abogacía organizado por CIJUSO.

Bibiana Luz Clara abrió la jornada con una clase magistral introductoria a la inteligencia artificial generativa. Luego tuve la oportunidad de abordar algunos de los desafíos que hoy plantea su incorporación al ejercicio profesional, tales como competencia tecnológica, confidencialidad, verificación de fuentes, supervisión humana y responsabilidad. He procurado llevarlos a situaciones concretas de la práctica diaria. Finalmente, Mariana Oroño cerró con una clase práctica que permitió mostrar posibilidades de aplicación de estas herramientas.

Al momento de mi exposición había cerca de 600 colegas participativos conectados lo que demuestra el enorme interés que despierta este tema. No es para menos. La IAG ya forma parte de la práctica profesional y nos desafía a aprender a usarla con criterio, conocimiento de sus límites y responsabilidad.

En esa interacción, ´podemos delegar algunas tareas. Pero, no podemos delegar criterio ni diligencia. E indudablemente, la responsabilidad es nuestra.

Gracias a @fundacion.cijuso y a todos los colegas que participaron con tanto entusiasmo

WEBINARCHARATA (CHACO): FIRMA DIGITAL

 

Agradezco la invitación de los colegas para abordar en la apertura de la jornada sobre Seguridad jurídica digital, un tema clave: la firma digital. Fue un momento oportuno para abordar los desafíos profesionales que nos plantea, sus requisitos y presupuestos de validez, las presunciones iuris tantum de autenticidad e integridad y una exégesis de jurisprudencia.

Mi sincero reconocimiento a la Comisión Directiva del Colegio de Abogados de Charata (Chaco) por promover estos espacios de perfeccionamiento profesional en el marco del mes de la abogacía. Asimismo al Dr. Matías Quintana, y a cada uno de los colegas cuya participación enriqueció el debate doctrinario

MARCA DE AGUA Y PROMESA DE TRANSPARENCIA

A partir del 2 de agosto de 2026, todo texto generado por los modelos de Claude lleva una marca de agua invisible embebida en la propia secuencia de palabras. Quedan acanzados todos los productos: Claude web/app, API, Code, Cowork, Tag, y accesos vía nube de terceros.

El fundamento invocado es el artículo 50 de la Ley de IA de la Unión Europea, que obliga a los proveedores de IA generativa a marcar los contenidos sintéticos en un formato legible por máquina. Esta marca es una señal estadística oculta que no altera el sentido ni la calidad del texto. Sin embargo, los sistemas especializados pueden leerla para determinar que ese contenido pasó por Claude. 

Ahora bien, la presencia de la marca no prueba que el texto sea “obra de la IA”. Solo prueba que fue procesado por el modelo. Su ausencia tampoco garantiza autoría humana, porque podría perderse por sucesivas ediciones, traducciones o mezclas con otros textos.

Así, la transparencia que exige la norma europea se convierte en una huella persistente y difícil de controlar, que puede usarse como indicio en sistemas automatizados de detección. Esto así incluso cuando el ser humano tuvo un rol creativo central y la IA solo corrigió, tradujo o dio formato. 

Esta marca de agua aparece en un contexto de detectores imperfectos y decisiones automatizadas. En consecuencia, el riesgo es que se transforme en un nuevo criterio opaco para filtrar contenidos.

COMENZÓ EL DIPLOMADO DE IAG PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL 2026

 

 Comenzamos la 3.ª cohorte del Diplomado en Inteligencia Artificial Generativa para el ejercicio de la Abogacía, que tengo el enorme gusto de coordinar por tercer año consecutivo.

Una nueva edición para seguir pensando, aprendiendo y trabajando sobre los desafíos que la Inteligencia Artificial plantea a nuestra profesión, pero también —y especialmente— sobre las oportunidades que ofrece para un ejercicio de la abogacía más eficiente, innovador y responsable.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO SUCESORIO - CAER SECCIÓN FEDERAL

 

 

Muy agradecida a la Sección Federal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos por la invitación y por la cálida recepción.

Fue una excelente oportunidad para intercambiar ideas con colegas sobre los desafíos que plantea la inteligencia artificial en la práctica jurídica y la reciente automatización del proceso sucesorio ab intestato en Entre Ríos.

Agradezco especialmente las preguntas, aportes y el enriquecedor debate generado durante el conversatorio.

Seguimos trabajando para analizar, desde una mirada crítica y propositiva, el impacto de las nuevas tecnologías en el Derecho Procesal.

COLÓN: IA, PROCESO JUDICIAL Y EJERCICIO PROFESIONAL

 

En Colón compartimos un nuevo taller sobre Inteligencia Artificial, proceso y ejercicio profesional, con una mirada práctica centrada en su uso ético y responsable.

La inteligencia artificial ofrece herramientas capaces de optimizar tareas, mejorar el análisis de información y acompañar la toma de decisiones. Pero su incorporación al ámbito jurídico también exige formación, pensamiento crítico, verificación de resultados y respeto por principios esenciales como la confidencialidad, la protección de datos, la transparencia y el debido proceso.

Durante el encuentro analizamos oportunidades, riesgos y casos concretos, reafirmando que la tecnología puede asistir al profesional, pero no sustituye su criterio jurídico ni su responsabilidad.

Gracias al Colegio de la Abogacía de Colón por la invitación y a quienes participaron por el interés, las preguntas y el valioso intercambio.

Innovar no significa delegar. Significa utilizar nuevas herramientas con conocimiento, prudencia y responsabilidad.

DE LA PRUEBA PILOTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEFINITIVA

 

En octubre de 2025 compartía el comienzo de la prueba piloto del sistema automatizado para la tramitación de los procesos sucesorios ab intestato en Entre Ríos.

Hoy podemos afirmar que aquella etapa ha sido superada.

Desde el 1.º de agosto rige, en todos los juzgados civiles y comerciales con competencia sucesoria de la provincia, el nuevo sistema de gestión digital para la etapa de la declaratoria de herederos.

A partir de ahora:

▪️ La demanda sucesoria deberá iniciarse mediante el formulario disponible en la Mesa Virtual.

▪️ Se elimina la tradicional “foja cero”.

▪️ El formulario será recibido electrónicamente por la MUI o la Superintendencia, que realizará el sorteo y la asignación del juzgado.

▪️ La tasa de justicia será generada por el propio sistema.

▪️ La información y la documentación serán incorporadas de manera estructurada, guiada y estandarizada.

Más que reemplazar un escrito en PDF por un formulario electrónico, se trata de avanzar hacia una verdadera reingeniería del proceso judicial, basada en la organización de los datos, la estandarización de actuaciones y la automatización de tareas procesales regladas.

La tecnología puede contribuir a una justicia más ágil y previsible. Pero su éxito dependerá también de la capacitación, del adecuado funcionamiento del sistema y de que la celeridad se encuentre siempre acompañada por el respeto de las garantías procesales.

Terminada la prueba piloto, comienza ahora el verdadero desafío que consiste en comprobar cómo funcionará la automatización en la práctica cotidiana de toda la provincia.

NUEVOS DESAFIOS DEL DERECHO AL OLVIDO EN TIEMPOS DE IA

 

Ha sido un gusto exponer sobre los nuevos desafíos del derecho al olvido en tiempos de IA en el ciclo de conferencias organizadas por la AcademIA del CALZ.

Conversamos sobre la evolución de la memoria tecnológica, el derecho al olvido, la experiencia comparada entre Europa y Argentina, el impacto de la inteligencia artificial.

Más que ofrecer respuestas cerradas, el objetivo fue abrir el debate sobre cómo garantizar una tutela judicial efectiva cuando la información deja de ser simplemente accesible y pasa a formar parte del aprendizaje de sistemas inteligentes.

Agradezco la invitación la excelente organización y, especialmente, las preguntas y reflexiones de quienes con su participación enriquecieron el debate.