DERECHO PROCESAL ELECTRÓNICO EN ENTRE RIOS, UNA OBRA NACIDA DE LA PRÁCTICA Y LA INVESTIGACIÓN

La transformación digital de la justicia entrerriana ha modificado profundamente las condiciones en que se desarrolla la actividad procesal. Lo que comenzó con la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas dio lugar a un sistema que exige nuevas respuestas jurídicas y una revisión de las prácticas profesionales tradicionales.

En ese contexto se inscribe mi nuevo libro, Derecho Procesal Electrónico en Entre Ríos. Guía teórico práctica, publicado por Abogar Editorial. Un recorrido de investigación y experiencia

Esta publicación no constituye el inicio de una línea de trabajo, sino la sistematización de un recorrido desarrollado durante años.

En 2019 dirigí un libro dedicado específicamente a las notificaciones electrónicas. Posteriormente, continué profundizando el estudio de distintos aspectos del proceso judicial electrónico mediante artículos en revistas jurídicas, actividades de formación, conferencias y participación en espacios institucionales vinculados con su implementación en Entre Ríos.

La experiencia permitió advertir que cada innovación tecnológica plantea problemas que exceden su funcionamiento operativo y requieren respuestas desde el derecho procesal.

La obra aborda cuestiones centrales para la litigación electrónica: vinculación al proceso, notificaciones y presentaciones electrónicas, cómputo de plazos, plazo de gracia, firma digital, audiencias y subastas electrónicas.

También examina desarrollos que reflejan una nueva etapa de la transformación judicial, como la interoperabilidad y la automatización de actos procesales.

El propósito no es ofrecer únicamente una descripción normativa o tecnológica, sino combinar el análisis dogmático con herramientas para la práctica profesional.

Detrás de cada operación realizada en un sistema judicial existen actos, cargas, derechos y consecuencias procesales que deben ser comprendidos jurídicamente.

El proceso judicial electrónico no constituye un modelo terminado. Su evolución plantea nuevos interrogantes sobre eficiencia, seguridad jurídica, garantías procesales y responsabilidad.

La incorporación de tecnología puede contribuir a mejorar el servicio de justicia, pero su legitimidad no deriva de la innovación en sí misma, sino de su capacidad para fortalecer el acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva.

Esa es la perspectiva que atraviesa esta obra.

Como señalo en su introducción, la digitalización judicial solo es legítima en la medida en que potencia, y no restringe, el acceso a la justicia.

Derecho Procesal Electrónico en Entre Ríos es, en definitiva, el resultado de un largo camino de estudio, experiencia profesional y construcción colectiva, pero también una invitación a reflexionar sobre los desafíos que todavía tenemos por delante.

La obra será presentada próximamente. La fecha y el lugar se comunicarán oportunamente.

 

UN PROMPT EN LA SENTENCIA

A raíz de un episodio ocurrido en la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile nuevamente se puso en discusión los límites del uso de inteligencia artificial generativa en la actividad jurisdiccional.

Según informaciones periodísticas, una resolución judicial incorporó por error instrucciones dirigidas a una herramienta de IA. Entre ellas: “Eres un Juez de la Corte de Apelaciones que debe redactar la parte considerativa de la sentencia”. El tribunal dispuso posteriormente la rectificación del documento y la eliminación del contenido ajeno a la causa. 

Sabido es que el uso de inteligencia artificial no está prohibido y que puede contribuir a mejorar la gestión, sistematizar información y asistir en determinadas tareas de redacción. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre utilizar tecnología como apoyo y delegar en ella la construcción de los fundamentos de una sentencia. En consecuencia, es esencial saber cómo se utilizó la inteligencia artificial, para qué y qué control se llevó a cabo. 

La incorporación accidental de instrucciones a una resolución también pone de manifiesto la necesidad de establecer protocolos institucionales, mecanismos de revisión y pautas de transparencia que permitan preservar la integridad de las actuaciones judiciales.

La inteligencia artificial puede asistir al juez, pero no sustituir su juicio crítico ni su deber de fundamentar. La responsabilidad por la decisión sigue siendo humana, personal e indelegable. La motivación de las resoluciones judiciales constituye una garantía del debido proceso y una condición indispensable para el control de la decisión. Exige una valoración concreta de los hechos, las pruebas y el derecho aplicable, atribuible al órgano jurisdiccional competente.

En consecuencia, el mayor desafío radica en que la intervención humana no se limite a validar, sin suficiente control, una argumentación producida por una máquina.

Fuentes:

https://www.t13.cl/amp/noticia/nacional/eres-juez-corte-apelaciones-revelan-prompt-usado-juez-pidio-ia-redactar-fallo-7-10-2026 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/10/07/corte-rectifica-fallo-tras-polemica-por-uso-de-ia-y-elimina-instrucciones-que-quedaron-en-expediente.shtml 

EL TIEMPO EN EL PROCESO ELECTRÓNICO

 

 

En el presente comentario analizo el pronunciamiento dictado en fecha 18/09/2026, por la Cámara Segunda de Apelaciones, Sala III, de Paraná, en los autos caratulados “A.M.H c/ Banco Supervielle S.A. s/ Ordinario daños y perjuicios” (N° 12838).

La controversia se originó a partir de la presentación extemporánea de la expresión de agravios. La parte recurrente sostuvo que el archivo había sido modificado por última vez a las 9:00:28 horas y que, al accionar el botón “Presentar”, el sistema permaneció procesando durante algunos segundos, de modo que la presentación quedó registrada a las 9:01, una vez vencido el plazo de gracia. Como fundamento de su planteo, invocó posibles contingencias técnicas vinculadas con la velocidad de conexión, la latencia del servidor o eventuales desfasajes de sincronización horaria. Sin embargo, la Cámara consideró extemporánea la presentación y declaró desierto el recurso de apelación.

Gracias a la digitalización, hoy es posible efectuar presentaciones judiciales electrónicas durante las veinticuatro horas del día. Es cierto que esta posibilidad modifica muchos de los presupuestos sobre los que históricamente se construyó el denominado plazo de gracia.

Pero también es cierto que, en Entre Ríos, el plazo de gracia continúa expresamente previsto por el ordenamiento procesal vigente. Así lo establece el art. 2 del Reglamento de Presentaciones Electrónicas N.° 1, al remitir al art. 121, último párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial (Ley 9776). Mientras esas disposiciones permanezcan vigentes, la eventual pérdida o debilitamiento de la justificación histórica del instituto no equivale a su derogación.

A partir de allí aparece una segunda cuestión, ¿cómo deben interpretarse las contingencias tecnológicas cuando una presentación se realiza en el límite temporal del vencimiento?

Los plazos procesales cumplen una función esencial. Aseguran orden, previsibilidad, preclusión y seguridad jurídica. Pero las formas procesales son, al mismo tiempo, instrumentos destinados a hacer efectivos los derechos y no fines en sí mismos. Entonces, cabe preguntarse si constituye un excesivo rigor formal rechazar un acto procesal por una diferencia mínima de tiempo cuando se invoca una contingencia tecnológica.

Como pauta interpretativa fundamental, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha procurado evitar que un rigorismo formal excesivo termine afectando el derecho de defensa y el debido proceso. En esa misma línea, los Reglamentos del Sistema de Notificaciones Electrónicas (art. 11) y de Presentaciones Electrónicas N° 1 (art. 19), receptan un criterio flexible para resolver los conflictos derivados de su aplicación, procurando evitar que el entorno digital se transforme en una nueva fuente de rigor ritual manifiesto.

Otra cuestión a tener  presente es que la digitalización también ha modificado profundamente la forma de litigar. La disponibilidad permanente de los sistemas electrónicos, la posibilidad de efectuar presentaciones desde cualquier lugar obligan a repensar también los estándares de diligencia exigibles a quienes intervienen en el proceso. 

La tecnología es una herramienta profundamente transformadora y su creciente incidencia en la práctica jurídica exige nuevas formas de diligencia profesional, cuyos estándares se encuentran todavía en proceso de construcción y redefinición. En consecuencia, tal vez el verdadero desafío no consista en optar entre flexibilidad o rigor, sino en readecuar los criterios interpretativos a las características propias del proceso electrónico.

Entiendo que debemos hacernos cargo de esta nueva realidad procesal y construir soluciones capaces de compatibilizar seguridad jurídica, preclusión y tutela judicial efectiva, sin desconocer al mismo tiempo la necesidad de adoptar recaudos que permitan minimizar los riesgos derivados de eventuales contingencias tecnológicas.

LA CSJN Y LOS LÍMITES DEL ESCRACHE VIRTUAL

El pasado 23 de septiembre la CSJN dictó sentencia en la causa n “C., F. c/ Facebook Argentina”. Ordenó   eliminar publicaciones anónimas que acusaban a un estudiante de abuso y exponían detalles de su vida sexual. También dispuso que Facebook informara los datos disponibles para identificar a los responsables.

La Corte reconoció que la violencia de género es un tema de interés público, Sub enbargo, aclaró que esa importancia no autoriza a difundir cualquier contenido ni a revelar automáticamente aspectos íntimos de una persona privada.

Este pronunciamiento puede compararse con “Denegri”, donde la Corte rechazó el pedido de desindexar información periodística verdadera y de interés público sobre hechos antiguos. Allí prevaleció la libertad de expresión. En “C., F.”, en cambio, prevalecieron la intimidad, el honor y el derecho de defensa frente a una acusación anónima sin datos verificables.

El anonimato puede proteger a víctimas y facilitar denuncias. Pero no puede convertirse en una forma de impunidad o de condena social sin posibilidad de defensa.

El desafío consiste en proteger simultáneamente la libertad de expresión, el derecho a denunciar la violencia y los derechos personalísimos de quienes son señalados. En Internet, la respuesta constitucional no puede depender solo del nombre que se le dé al discurso: debe analizarse su contenido concreto y el daño que produce.

Acceda al texto completo de la sentencia

 

PRIMER ENCUENTRO DE LEGALTECH ER

 

En el MiradorTec de Paraná, tuve el honor y el placer de moderar el panel inaugural de Legaltech Entre Ríos, integrado por Aim Ponde, Ernesto Cettour y Hernán Caravario.

El intercambio fue muy rico porque reunió miradas multidisciplinarias alrededor de problemas concretos sistematizar procesos, tales como qué automatizar, cómo integrar inteligencia artificial a la práctica profesional y qué lugar deben seguir ocupando el criterio jurídico y la supervisión humana. Fruto del cruce de ideas, se consolidó la idea de quela inteligencia artificial no es la respuesta para todo. Innovar no significa aplicar tecnología indiscriminadamente, sino entender el problema, evaluar riesgos, diseñar soluciones útiles y mantener una mirada crítica sobre aquello que incorporamos.

La convocatoria fue, además, una muy buena señal para un primer encuentro: alrededor de 35/40 personas participaron presencialmente y unas 30 lo hicieron de manera virtual.

Asimismo, surgió con fuerza la necesidad de continuidad, trabajo colaborativo y espacios de encuentro.Al cerrar, recordé que frente a una ola podemos quedarnos mirando, nadar en contra o aprender a movernos con ella. Con la tecnología pasa algo parecido. No se trata de aceptarla acríticamente ni de resistirla por principio, sino de comprenderla, participar en su desarrollo y utilizarla para construir mejores soluciones.

Esto recién empieza......

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LA GOBERNANZA DE LA IA EN EL MPF. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN PGN N° 64/26

 

El pasado 4 de septiembre de 2026, la Procuración General de la Nación dictó la Resolución PGN 64/26, mediante la cual aprobó los "Lineamientos institucionales para el uso e implementación de herramientas de Inteligencia Artificial en el Ministerio Público Fiscal de la Nación". Esta norma procura dar respuesta a la necesidad de establecer un encuadre ético, jurídico y técnico frente a la creciente incorporación de sistemas de inteligencia artificial (IA) en la actividad jurídica e institucional. Es de aplicación y seguimiento obligatorio para los integrantes del organismo.

Un aspecto particularmente relevante de la resolución es que no se limita a establecer reglas aisladas para el uso individual de herramientas de inteligencia artificial, sino que procura configurar un verdadero modelo institucional de gobernanza de la IA. En efecto, contempla distintas etapas de su ciclo de vida —desde la identificación de necesidades y la evaluación de riesgos hasta la implementación, el monitoreo, la trazabilidad y la auditoría—, desplazando el eje desde la mera utilización de herramientas hacia la construcción de un marco de responsabilidad institucional. Esta perspectiva resulta especialmente valiosa en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, donde la incorporación de sistemas automatizados no puede analizarse exclusivamente en términos de eficiencia, sino también desde su incidencia sobre la legalidad, el debido proceso y los derechos fundamentales.

Puestos a analizar sus fortalezas, destaco al menos tres:

a) Resulta valioso que la regulación adopte como presupuesto un riguroso relevamiento interno previo. En efecto, constató que el 93,3% del personal respalda una adopción regulada y que el 96% ya utiliza la IA como un mero insumo preliminar sujeto a revisión. La norma recoge esta práctica e institucionaliza el principio de supervisión humana significativa, estableciendo que los sistemas de IA pueden asistir en tareas de análisis o clasificación, pero no sustituir el juicio jurídico ni la interpretación normativa.  

b) Constituye, asiismo, un acierto la prohibición transitoria de volcar actuaciones reservadas, causas en trámite o datos personales y sensibles en herramientas de acceso público (como las versiones abiertas comerciales). Su clara finalidad es reducir los riesgos de exposición indebida de información institucional y de tratamiento de datos por proveedores externos mientras no se encuentre específicamente regulado su uso dentro del organismo.  

c) También merece destacarse la incorporación de un enfoque basado en riesgos, con cuatro categorías —inaceptable, alto, limitado y mínimo—, construido sobre estándares internacionales y articulado con las exigencias derivadas de la protección de datos personales. A ello se suman obligaciones de transparencia, explicabilidad, trazabilidad, documentación técnica y existencia de registros de actividad (logs), así como mecanismos de evaluación de impacto y auditoría. Este esquema constituye una garantía especialmente relevante cuando la utilización de IA pueda incidir sobre derechos fundamentales o garantías procesales.  

En cuanto a los desafíos de su implementación, podrían señalarse algunos interrogantes:

a) La pohibición inmediata de cargar datos procesales en sistemas de acceso público podría generar un dilema operativo hasta tanto se elaboren los entornos propios y seguros recomendados.  Podría producirse, un efecto no deseado, consistente en la merma de la eficiencia o en incentivar prácticas no declaradas de su utilización. 

b) Aunque los Lineamientos exigen supervisión humana significativa, documentación de la intervención, trazabilidad y auditoría, queda pendiente precisar cómo se evaluará cualitativamente que esa supervisión haya sido real, suficiente y oportuna. El riesgo consiste en que el control humano se transforme en una validación meramente formal de resultados generados por sistemas automatizados. La cuestión no es menor: la propia norma exige que el operador pueda verificar fuentes, rectificar o rechazar resultados y detener el uso de la herramienta. 

c) Finalmente, si bien el glosario recepta la noción de IA agéntica, las directrices operativas parecen haber sido pensadas sólo para asistentes conversacionales tradicionales, lo que exigirá una pronta actualización reglamentaria.

Como conclusión, la resolución en análisis constituye un punto de partida relevante no sólo para la incorporación responsable de inteligencia artificial en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, sino también para la construcción de un modelo institucional de gobernanza de estas tecnologías. Su principal aporte consiste, precisamente, en desplazar el eje de la discusión desde el mero uso de herramientas hacia la gestión de sus riesgos, responsabilidades y condiciones de implementación.

UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECNOACTIVISMO PROBATORIO DE PARTE COMPATIBLE CON EL DEBIDO PROCESO

 

Una satisfacción adicional de este III Congreso Iberoamericano de Derecho Probatorio fue recibir el libro que reúne los trabajos presentados. Se trata de una obra colectiva que cuenta con la dirección del Dr. Marcelo Midón, la Coordinación de la Dra. Valeria Di Bernardo.

En esa obra se encuentra publicada mi ponencia “Inteligencia artificial como herramienta de análisis probatorio. Una propuesta para la construcción del tecnoactivismo probatorio de parte compatible con el debido proceso”.

En ella propongo identificar y sistematizar una modalidad específica de actuación profesional: el tecnoactivismo probatorio de parte, entendido como el empleo responsable, crítico y jurídicamente orientado de las tecnologías en la investigación, análisis, producción y control de la prueba.

Muy agradecida por la posibilidad de que estas ideas formen parte de una obra colectiva dedicada al Derecho Probatorio contemporáneo.