PRESENTACION DERECHO PROCESAL ELECTRONICO EN ENTRE RIOS. GUIA TEORICO PRACTICA UCA SEDE PARANA

  

El miércoles 28 de octubre de 2026 viví una tarde muy especial en el Aula Magna de la UCA, sede Paraná, donde presenté mi libro *Derecho Procesal Electrónico en Entre Ríos. Guía teórico-práctica*.

Fue un encuentro lleno de afecto y emoción. Pude compartir el contenido de la obra y recordar las experiencias, los desafíos y las personas que acompañaron el largo recorrido de investigación y práctica profesional del que nació este libro.

Agradezco a la UCA por recibirnos, a la Psic. Paula Mesa y al Dr. Gastón Rosenberg, a Abogar Editorial por hacer posible la publicación y a las Dras. Valentina Ramirez Amable y Ana Clara Pauletti por escribir el prólogo. Gracias también a los colegas, amigos, familiares y estudiantes que me acompañaron en el Aula Magna y a través de Zoom.

Me alegró compartir con ustedes lo que significó llegar hasta acá. Un camino así se construye en equipo.

 

PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS. EL SISTEMA NO NECESITA DORMIR

Pensemos en un plazo que vence hoy. Si la Mesa Virtual impidiera el ingreso de escritos electrónicos después de las 19:00 horas, ese límite horario pasaría a definir, en los hechos, hasta cuándo puede ejercerse válidamente el derecho de defensa por la vía ordinaria, recortando el tiempo disponible para presentar el escrito el día del vencimiento y reintroduciendo las barreras físicas del soporte papel en un entorno digital.

Según el art. 2 del Reglamento de Presentaciones Electrónicas N° 1 establece con acierto que las presentaciones electrónicas podrán ser ingresadas cualquier día y hora. Se tienen por efectuadas en el instante que registra la constancia automática del sistema. A su vez, prevé una distinción fundamental: si el ingreso ocurre en tiempo inhábil, el plazo para su proveimiento recién comienza a correr a partir del día y hora hábil siguiente (con la lógica excepción de los amparos y trámites urgentes con habilitación). Esta regla, aplicada durante seis años sin inconvenientes operativos, logra un equilibrio preciso. En efecto, por un lado, garantiza el derecho al descanso y a la desconexión del personal judicial. Y, por el otro,  no cercena el tiempo disponible de los justiciables y profesionales para actuar.

Cualquier restricción horaria en la recepción electrónica significa una medida claramente regresiva en términos de tutela judicial efectiva, incide directamente en el ejercicio del derecho de defensa y condiciona la actividad profesional. Resulta indispensable responder dos interrogantes básicos. En primer lugar, ¿qué problema concreto o disfunción real resolvería el bloqueo del sistema? Y, en segundo término, ¿qué razón jurídica justifica reducir el tiempo efectivo del que disponen las partes para ejercer sus derechos en juicio?

ESTRATEGIA PROBATORIA EN LA ERA DE LA INTELIGENICA ARTIFICIAL

 

El pasado viernes participé como expositora en el seminario "Prueba electrónica e IA aplicada al litigio", organizado por la Sección Concordia y el Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en el marco de las actividades preparatorias del XIV Congreso Provincial de Derecho.

Al comenzar mi intervención, no pude evitar recordar que el anterior Congreso Provincial de Derecho, cuya coordinación tuve a mi cargo en 2022, se desarrolló bajo el lema «Desafíos del derecho en la era digital» y concluyó, precisamente el 22 de octubre de aquel año, con una conferencia de Miguel Jara sobre prueba electrónica.

Cuatro años después, iniciamos el camino hacia un nuevo Congreso retomando esa temática, ahora atravesada por los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

Una continuidad que considero significativa y que refleja la necesidad de seguir profundizando la formación de la abogacía frente a las transformaciones tecnológicas del proceso judicial.

Mi exposición, «Estrategia probatoria en la era de la IA. Conocer el terreno antes de litigar», estuvo centrada en el papel de la abogacía en la construcción de la prueba electrónica: desde la identificación y preservación de las fuentes hasta su incorporación al proceso, producción, impugnación y valoración.

Abordamos también el doble impacto de la inteligencia artificial en materia probatoria: como un nuevo desafío para la autenticidad de las evidencias y como herramienta que amplía las posibilidades de investigación y análisis.

La tecnología transforma el escenario probatorio, pero no reemplaza la estrategia procesal, el deber de verificación ni la responsabilidad profesional.

La jornada permitió integrar la perspectiva jurídica con los aspectos técnicos de la evidencia digital, abordados por los colegas Silvia Aranguren y Federico Losco.

Una excelente convocatoria, un público interesado y una muy buena organización hicieron de este encuentro un valioso espacio de formación e intercambio.

Mi agradecimiento a la Sección Concordia, especialmente a su presidenta, Dra. Graciela Chiappa, al Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial y a todos quienes hicieron posible esta actividad.

DERECHO PROCESAL ELECTRÓNICO EN ENTRE RIOS, UNA OBRA NACIDA DE LA PRÁCTICA Y LA INVESTIGACIÓN

La transformación digital de la justicia entrerriana ha modificado profundamente las condiciones en que se desarrolla la actividad procesal. Lo que comenzó con la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas dio lugar a un sistema que exige nuevas respuestas jurídicas y una revisión de las prácticas profesionales tradicionales.

En ese contexto se inscribe mi nuevo libro, Derecho Procesal Electrónico en Entre Ríos. Guía teórico práctica, publicado por Abogar Editorial. Un recorrido de investigación y experiencia

Esta publicación no constituye el inicio de una línea de trabajo, sino la sistematización de un recorrido desarrollado durante años.

En 2019 dirigí un libro dedicado específicamente a las notificaciones electrónicas. Posteriormente, continué profundizando el estudio de distintos aspectos del proceso judicial electrónico mediante artículos en revistas jurídicas, actividades de formación, conferencias y participación en espacios institucionales vinculados con su implementación en Entre Ríos.

La experiencia permitió advertir que cada innovación tecnológica plantea problemas que exceden su funcionamiento operativo y requieren respuestas desde el derecho procesal.

La obra aborda cuestiones centrales para la litigación electrónica: vinculación al proceso, notificaciones y presentaciones electrónicas, cómputo de plazos, plazo de gracia, firma digital, audiencias y subastas electrónicas.

También examina desarrollos que reflejan una nueva etapa de la transformación judicial, como la interoperabilidad y la automatización de actos procesales.

El propósito no es ofrecer únicamente una descripción normativa o tecnológica, sino combinar el análisis dogmático con herramientas para la práctica profesional.

Detrás de cada operación realizada en un sistema judicial existen actos, cargas, derechos y consecuencias procesales que deben ser comprendidos jurídicamente.

El proceso judicial electrónico no constituye un modelo terminado. Su evolución plantea nuevos interrogantes sobre eficiencia, seguridad jurídica, garantías procesales y responsabilidad.

La incorporación de tecnología puede contribuir a mejorar el servicio de justicia, pero su legitimidad no deriva de la innovación en sí misma, sino de su capacidad para fortalecer el acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva.

Esa es la perspectiva que atraviesa esta obra.

Como señalo en su introducción, la digitalización judicial solo es legítima en la medida en que potencia, y no restringe, el acceso a la justicia.

Derecho Procesal Electrónico en Entre Ríos es, en definitiva, el resultado de un largo camino de estudio, experiencia profesional y construcción colectiva, pero también una invitación a reflexionar sobre los desafíos que todavía tenemos por delante.

La obra será presentada próximamente. La fecha y el lugar se comunicarán oportunamente.

 

UN PROMPT EN LA SENTENCIA

A raíz de un episodio ocurrido en la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile nuevamente se puso en discusión los límites del uso de inteligencia artificial generativa en la actividad jurisdiccional.

Según informaciones periodísticas, una resolución judicial incorporó por error instrucciones dirigidas a una herramienta de IA. Entre ellas: “Eres un Juez de la Corte de Apelaciones que debe redactar la parte considerativa de la sentencia”. El tribunal dispuso posteriormente la rectificación del documento y la eliminación del contenido ajeno a la causa. 

Sabido es que el uso de inteligencia artificial no está prohibido y que puede contribuir a mejorar la gestión, sistematizar información y asistir en determinadas tareas de redacción. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre utilizar tecnología como apoyo y delegar en ella la construcción de los fundamentos de una sentencia. En consecuencia, es esencial saber cómo se utilizó la inteligencia artificial, para qué y qué control se llevó a cabo. 

La incorporación accidental de instrucciones a una resolución también pone de manifiesto la necesidad de establecer protocolos institucionales, mecanismos de revisión y pautas de transparencia que permitan preservar la integridad de las actuaciones judiciales.

La inteligencia artificial puede asistir al juez, pero no sustituir su juicio crítico ni su deber de fundamentar. La responsabilidad por la decisión sigue siendo humana, personal e indelegable. La motivación de las resoluciones judiciales constituye una garantía del debido proceso y una condición indispensable para el control de la decisión. Exige una valoración concreta de los hechos, las pruebas y el derecho aplicable, atribuible al órgano jurisdiccional competente.

En consecuencia, el mayor desafío radica en que la intervención humana no se limite a validar, sin suficiente control, una argumentación producida por una máquina.

Fuentes:

https://www.t13.cl/amp/noticia/nacional/eres-juez-corte-apelaciones-revelan-prompt-usado-juez-pidio-ia-redactar-fallo-7-10-2026 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/10/07/corte-rectifica-fallo-tras-polemica-por-uso-de-ia-y-elimina-instrucciones-que-quedaron-en-expediente.shtml 

EL TIEMPO EN EL PROCESO ELECTRÓNICO

 

 

En el presente comentario analizo el pronunciamiento dictado en fecha 18/09/2026, por la Cámara Segunda de Apelaciones, Sala III, de Paraná, en los autos caratulados “A.M.H c/ Banco Supervielle S.A. s/ Ordinario daños y perjuicios” (N° 12838).

La controversia se originó a partir de la presentación extemporánea de la expresión de agravios. La parte recurrente sostuvo que el archivo había sido modificado por última vez a las 9:00:28 horas y que, al accionar el botón “Presentar”, el sistema permaneció procesando durante algunos segundos, de modo que la presentación quedó registrada a las 9:01, una vez vencido el plazo de gracia. Como fundamento de su planteo, invocó posibles contingencias técnicas vinculadas con la velocidad de conexión, la latencia del servidor o eventuales desfasajes de sincronización horaria. Sin embargo, la Cámara consideró extemporánea la presentación y declaró desierto el recurso de apelación.

Gracias a la digitalización, hoy es posible efectuar presentaciones judiciales electrónicas durante las veinticuatro horas del día. Es cierto que esta posibilidad modifica muchos de los presupuestos sobre los que históricamente se construyó el denominado plazo de gracia.

Pero también es cierto que, en Entre Ríos, el plazo de gracia continúa expresamente previsto por el ordenamiento procesal vigente. Así lo establece el art. 2 del Reglamento de Presentaciones Electrónicas N.° 1, al remitir al art. 121, último párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial (Ley 9776). Mientras esas disposiciones permanezcan vigentes, la eventual pérdida o debilitamiento de la justificación histórica del instituto no equivale a su derogación.

A partir de allí aparece una segunda cuestión, ¿cómo deben interpretarse las contingencias tecnológicas cuando una presentación se realiza en el límite temporal del vencimiento?

Los plazos procesales cumplen una función esencial. Aseguran orden, previsibilidad, preclusión y seguridad jurídica. Pero las formas procesales son, al mismo tiempo, instrumentos destinados a hacer efectivos los derechos y no fines en sí mismos. Entonces, cabe preguntarse si constituye un excesivo rigor formal rechazar un acto procesal por una diferencia mínima de tiempo cuando se invoca una contingencia tecnológica.

Como pauta interpretativa fundamental, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha procurado evitar que un rigorismo formal excesivo termine afectando el derecho de defensa y el debido proceso. En esa misma línea, los Reglamentos del Sistema de Notificaciones Electrónicas (art. 11) y de Presentaciones Electrónicas N° 1 (art. 19), receptan un criterio flexible para resolver los conflictos derivados de su aplicación, procurando evitar que el entorno digital se transforme en una nueva fuente de rigor ritual manifiesto.

Otra cuestión a tener  presente es que la digitalización también ha modificado profundamente la forma de litigar. La disponibilidad permanente de los sistemas electrónicos, la posibilidad de efectuar presentaciones desde cualquier lugar obligan a repensar también los estándares de diligencia exigibles a quienes intervienen en el proceso. 

La tecnología es una herramienta profundamente transformadora y su creciente incidencia en la práctica jurídica exige nuevas formas de diligencia profesional, cuyos estándares se encuentran todavía en proceso de construcción y redefinición. En consecuencia, tal vez el verdadero desafío no consista en optar entre flexibilidad o rigor, sino en readecuar los criterios interpretativos a las características propias del proceso electrónico.

Entiendo que debemos hacernos cargo de esta nueva realidad procesal y construir soluciones capaces de compatibilizar seguridad jurídica, preclusión y tutela judicial efectiva, sin desconocer al mismo tiempo la necesidad de adoptar recaudos que permitan minimizar los riesgos derivados de eventuales contingencias tecnológicas.

LA CSJN Y LOS LÍMITES DEL ESCRACHE VIRTUAL

El pasado 23 de septiembre la CSJN dictó sentencia en la causa n “C., F. c/ Facebook Argentina”. Ordenó   eliminar publicaciones anónimas que acusaban a un estudiante de abuso y exponían detalles de su vida sexual. También dispuso que Facebook informara los datos disponibles para identificar a los responsables.

La Corte reconoció que la violencia de género es un tema de interés público, Sub enbargo, aclaró que esa importancia no autoriza a difundir cualquier contenido ni a revelar automáticamente aspectos íntimos de una persona privada.

Este pronunciamiento puede compararse con “Denegri”, donde la Corte rechazó el pedido de desindexar información periodística verdadera y de interés público sobre hechos antiguos. Allí prevaleció la libertad de expresión. En “C., F.”, en cambio, prevalecieron la intimidad, el honor y el derecho de defensa frente a una acusación anónima sin datos verificables.

El anonimato puede proteger a víctimas y facilitar denuncias. Pero no puede convertirse en una forma de impunidad o de condena social sin posibilidad de defensa.

El desafío consiste en proteger simultáneamente la libertad de expresión, el derecho a denunciar la violencia y los derechos personalísimos de quienes son señalados. En Internet, la respuesta constitucional no puede depender solo del nombre que se le dé al discurso: debe analizarse su contenido concreto y el daño que produce.

Acceda al texto completo de la sentencia