Recientemente, el Consejo de la Magistratura aprobó el Proyecto IA-I-25, que implementa un Asistente Virtual con inteligencia artificial en el Portal de Gestión de Causas del Poder Judicial de la Nación (PJN). Esta herramienta conversacional responde automáticamente preguntas frecuentes de usuarios externos usando un modelo de lenguaje natural (GPT-4.1-nano) y una base de conocimiento validada.
El asistente se integra con los sistemas SAU (Sistema de Autenticación Unificado) y SAUE (Sistema de Atención al usuario externo). Si no puede responder una consulta, genera un ticket automáticamente para su seguimiento por operadores humanos. Usa tecnología RAG (Retrieval-Augmented Generation), que garantiza que las respuestas se basen en contenidos oficiales y actualizados. Esta técnica combina un modelo generativo (el LLM) con un sistema de recuperación de información, de modo que las respuestas se basan en documentos o bases de conocimiento específicas. Gracias a RAG, el asistente puede interpretar preguntas diversas, adaptar la formulación y ofrecer respuestas contextualizadas.
Conforme se desprende de la Resoslución mencionada, la aplicación de esta tecnología tendrá los siguientes beneficios: 1) mejora la eficiencia operativa, a través de la automatización de tareas repetitivas y la optimización del acceso a la información relevante; 2) reduce tiempos de respuesta; 3) optimiza recursos humanos, 4) mejora la experiencia y satisfacción del usuario, mediante la simplificación de tareas tediosas, las respuestas personalizadas y herramientas inclusivas; 5) fortalece la seguridad y confidencialidad y 6) escalabilidad y sostenibilidad
La reglamentación establece limites claros. La herramienta no brinda asesoramiento jurídico, no accede a causas ni reemplaza canales formales. Funciona sólo con preguntas operativas frecuentes y contenidos públicos. Funciona como un nivel inicial de ayuda, clarificando dudas comunes de los usuarios externos del sistema de gestión de causas, y remitirá al SAUE o a vías tradicionales todo lo que no pueda resolver automáticamente.
El sistema cumple con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Los datos personales que se tratan (nombre, contacto, CUIT del usuario, etc.) se manejan conforme a esta ley, exclusivamente para los fines informados al usuario al interactuar con el asistente El usuario conserva todos los derechos previstos: acceso, rectificación o supresión de sus datos personales, que puede ejercer cada seis meses gratuitamente.
Los usuarios aceptan términos de uso, y toda la información es tratada con altos estándares de seguridad y trazabilidad. Se evita el tratamiento de datos sensibles y se prevé siempre una supervisión humana.En los términos de uso también se aclara que el usuario es responsable de la información que ingrese a través del asistente: la consulta se presume hecha por el propio usuario bajo su entera responsabilidad. En caso de abuso o uso indebido (por ejemplo, introducir datos falsos o programas dañinos), el incumplimiento de las obligaciones establecidas puede acarrear responsabilidades legales. El documento normativo enfatiza que el asistente no actúa como una fuente oficial de información jurídica, eximiendo así al PJN de consecuencias por datos incompletos, inexactos o desactualizados que el chatbot pudiera ofrecer.
Este avance marca un paso importante en la modernización judicial argentina. Pero nos obliga a pensar: ¿Cual es el punto de equilibrio entre la transformación digital y la protección de los derechos? ¿Estamos preparados, como operadores jurídicos, para integrar estas herramientas de forma crítica, segura y responsable?
El debate sobre IA en la justicia apenas comienza.
