Cada 17 de mayo, el Día Internacional de Internet nos invita a una reflexión profunda sobre la infraestructura digital que vertebra nuestra práctica legal. En este escenario en constante evolución, tres pilares emergen como fundamentales para edificar un ciberespacio robusto y equitativo desde la óptica del derecho argentino:
1. Blindaje Jurídico y Técnico
La custodia celosa de la confidencialidad e integridad de la información sensible de nuestros clientes y casos no es solo un deber ético ineludible, sino también una exigencia legal cada vez más rigurosa en especialmente a la luz de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales. La adopción proactiva de protocolos de cifrado robustos (como TLS para comunicaciones web seguras y VPNs para conexiones privadas), la implementación de sistemas de autenticación multifactor que añaden capas de seguridad adicionales, y la actualización constante de nuestra infraestructura tecnológica y aplicaciones son medidas que no solo mitigan drásticamente el riesgo de costosas brechas de seguridad, sino que también fortalecen la validez y admisibilidad de la prueba electrónica en futuros litigios dentro del marco legal argentino.
En este sentido, resulta estratégico que los profesionales del derecho impulsemos la inclusión de cláusulas contractuales detalladas que especifiquen niveles de servicio (SLAs) y compromisos de rendimiento por parte de nuestros proveedores tecnológicos, considerando las normativas argentinas en materia de contratación y defensa del consumidor. Asimismo, la realización periódica de auditorías de vulnerabilidades, tanto internas como externas, y la elaboración de planes de respuesta a incidentes bien definidos se erigen como prácticas preventivas esenciales para garantizar la continuidad operativa y la protección de los activos digitales en el entorno. Imaginemos el impacto negativo de una filtración de datos confidenciales en un caso de alta complejidad ante nuestros tribunales: una defensa sólida en el ámbito digital es crucial.
2. Accesibilidad Digital como Derecho Fundamental
Extender el acceso efectivo a los recursos digitales se presenta como una consecuencia lógica e ineludible del principio de igualdad ante la ley, consagrado en nuestra Constitución Nacional. En Argentina, diversas normativas buscan garantizar la accesibilidad web, aunque su implementación y alcance aún presentan desafíos. El diseño inclusivo de plataformas y herramientas digitales —que incorpore interfaces intuitivas compatibles con lectores de pantalla para personas con discapacidad visual, el uso de etiquetas semánticas claras para facilitar la navegación, la optimización de la navegación mediante teclado para quienes no pueden usar un ratón, y la elección de contrastes de color adecuados— no es una mera cortesía, sino una obligación legal que asegura que todos los ciudadanos argentinos, independientemente de sus capacidades, puedan ejercer plenamente sus derechos de información, contratación y participación ciudadana en el entorno digital.
De igual manera, el despliegue estratégico de infraestructuras de banda ancha de alta velocidad en zonas rurales o marginadas contribuye a disminuir la brecha digital y reafirma la función social de Internet como motor de desarrollo económico y social sostenible en nuestro país. La accesibilidad digital derriba barreras geográficas y socioeconómicas, democratizando el acceso a la justicia en todo el territorio argentino. Es crucial que los abogados estemos al tanto de las regulaciones existentes y promovamos su cumplimiento.
3. Inclusividad y Pluralidad en el Ciberespacio
La red debe erigirse como un espacio fértil para la libre expresión y el debate constructivo, exento de discriminación y acoso de cualquier índole. Para lograrlo, es imperativo promover políticas de moderación de contenidos transparentes y la implementación de mecanismos efectivos y ágiles para la denuncia de discursos de odio y otras formas de violencia digital, considerando el marco legal argentino sobre delitos informáticos y discriminación.
Los profesionales del derecho desempeñamos un rol fundamental al interpretar y, cuando sea necesario, impulsar la reforma de los marcos normativos existentes para lograr un delicado equilibrio entre la protección de la libertad de expresión, un pilar fundamental de nuestra democracia, y la salvaguarda de los derechos y la dignidad de las minorías y los grupos vulnerables en Argentina, garantizando así la creación de espacios digitales seguros y respetuosos donde se reconozca y celebre la rica diversidad de géneros, etnias, orientaciones sexuales e identidades presentes en nuestra sociedad. Casos judiciales recientes en Argentina sobre difamación en redes sociales o acoso en línea nos recuerdan la urgencia de esta tarea.
En conclusión, el Día Internacional de Internet trasciende la mera conmemoración; se erige como un llamado apremiante a fortalecer, desde nuestra praxis jurídica cotidiana, los pilares de seguridad, accesibilidad e inclusividad de un recurso que se ha convertido en esencial para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales en este siglo XXI en nuestro país.
La construcción de un ciberespacio justo y equitativo es una responsabilidad compartida que nos interpela directamente como guardianes del Estado de Derecho.
